Cancelación de antecedentes penales y policiales (y III)

huellas dact iiiPara cancelar los antecedentes penales, como vimos en la anterior entrada, es necesario haber sido condenado por sentencia firme por un Juzgado o Tribunal por la comisión de un delito y haberse extinguido ya la responsabilidad penal derivada de la comisión de dicho acto delictivo.

Además, el Código Penal establece varios requisitos indispensables para la cancelación de los antecedentes penales:

Respecto a la responsabilidad civil proveniente de la sanción, ésta deberá haber sido satisfecha, excepto en los supuestos de insolvencia declarada por el Juez o Tribunal y salvo mejora económica del reo.

Respecto a los plazos, se comenzarán a contar al día siguiente al de la extinción de la pena y serán:

  • 6 meses para las penas leves
  • 2 años para las menos graves que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes
  • 3 años para las restantes penas menos graves
  • 5 años para las penas graves.

El cómputo se interrumpirá por la comisión de nuevos delitos durante el transcurso del plazo.

Para la cancelación, será el propio interesado, o sus representantes legales, los que deberán iniciar los trámites; nunca se cancelan los antecedentes penales ni policiales de forma automática.

El plazo para la cancelación es el estipulado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y que analizamos en esta entrada, 3 meses desde el inicio de la solicitud a instancia de parte, transcurrido dicho plazo se entenderá estimada la solicitud de cancelación. La práctica normal, es que dicha cancelación se notifique por correo al interesado en la dirección indicada a efectos de notificaciones.

Para proceder a cancelar sus antecedentes penales o policiales, no dude en contactar con nosotros.

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Cancelación de antecedentes penales y policiales (II de III)

criminal-record-checkComo ya vimos en la anterior entrada, mientras que para contar con antecedentes policiales basta con haber sido identificado o detenido por los efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, para contar con antecedentes penales, además, será necesario que un Juez o Tribunal haya dictado condena firme por un delito.

Es importante señalar que las faltas no producen antecedentes penales, solamente los delitos.

El proceso para la anotación de los antecedentes penales es el siguiente: una vez que una persona es condenada por sentencia firme por un delito, el Juzgado o Tribunal que ha dictado la resolución, remite una certificación al Registro Central de Penados y Rebeldes con el nombre y apellidos del penado, delito que ha cometido, pena impuesta y la fecha en que la sentencia adquirió firmeza.

Por tanto, aquellas resoluciones provisionales o recurridas ante un órgano superior, no generan antecedentes penales, siempre y cuando no se exprese de esa forma en la sentencia. Hay ocasiones en que la resolución puede ser recurrible, por ejemplo al Tribunal Constitucional si entendemos vulnerado un derecho fundamental, pero esa resolución podrá ser firme. Para saber si puede anular sus antecedentes penales o policiales, no dude en contactar con nosotros.

Para la cancelación de los antecedentes penales, deberemos dirigirnos al Registro Central de Penados y Rebeldes, dependiente del Ministerio de Justicia, en los términos contemplados en el artículo 136.1 del Código Penal: “Los condenados que hayan extinguido su responsabilidad penal tienen derecho a obtener del Ministerio de Justicia, de oficio o a instancia de parte, la cancelación de sus antecedentes penales, previo informe del juez o tribunal sentenciador”.

Son necesarios, por tanto, dos supuestos de partida para la cancelación de antecedentes penales:

Haber sido condenado por sentencia firme por un juzgado o tribunal por la comisión de un delito.

Haber extinguido la responsabilidad penal.

Además existen una serie de requisitos indispensables estipulados por la ley, que veremos en la siguiente entrada:  Requisitos para la cancelación de los antecedentes penales.

Cancelación de antecedentes penales y policiales (I de III)

huellas1Para cancelar los antecedentes que constan sobre una persona en un archivo oficial, hay que tener en cuenta, en primer lugar, que existen dos tipos diferentes de antecedentes: los penales, y los policiales.

Además de ser archivos situados en organismos diferentes, su nromativa y procedimiento para la cancelación es diferente, así como su proyección (o ‘peso’) para la solicitud de diferentes trámites administrativos, como puede ser el permiso de residencia, la solicitud de la nacionalidad española o para presentarse a una oposición, por ejemplo.

Vamos a analizar en primer lugar los antecedentes policiales. Hay que señalar tres aspectos fundamentales:

  • no se cancelan automáticamente cuando se cancelan los antecedentes penales.
  • es posible tener antecedentes policiales y no penales.
  • es posible tener antecedentes policiales sin haber sido condenado por un Juzgado o Tribunal e, incluso, sin haber cometido ningún delito.

Este último punto puede ser especialmente llamativo; ¿se pueden tener antecedentes policiales sin haber cometido ningún acto delictivo? Sí, pero con reservas. Si, por ejemplo, usted ha estado implicado en una investigación policial, aunque después no haya sido acusado en sede judicial, se puede dar el caso de que este dato figure en su archivo policial, aunque no es lo más común.

Esto es así, porque los antecedentes policiales derivan de los hechos tipificados en el vigente Código Penal como delitos o faltas o de aquellos otros de carácter administrativo, que han dado lugar por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la instrucción de diligencias y su posterior remisión a las Autoridades Judiciales o Administrativas.

Por tanto, si ha sido identificado o detenido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en alguna ocasión, es posible que usted figure en alguno de los archivos de antecedentes policiales de la Guardia Civil o de la Policía Nacional. Asimismo, si la causa por la que fue detenido ha sido archivada, o ha sido absuelto mediante sentencia firme, usted también puede solicitar la eliminación de sus datos personales de los archivos policiales.

Para la cancelación de estos antecedentes, o para saber si usted consta en alguno de los ficheros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, contacte con nosotros a través de este formulario o por solicitandolo por teléfono. Atendemos en toda España.

Próxima entrada: Cancelación de antecedentes penales.

Problema para la obtención de un permiso de residencia si se ha iniciado procedimiento sancionador o una orden de expulsión

paso maderaLa nueva ley de extranjería establece en su disposición adicional cuarta, que “se deberán inadmitir a trámite  las solicitudes de residencia cuando la Administración compruebe que se ha iniciado un procedimiento sancionador contra el solicitante en el que pueda proponerse la expulsión o cuando se haya decretado en contra del mismo una orden de expulsión, judicial o administrativa”.

En primer lugar, hay que aclarar lo que significa el término de “inadmisión a trámite”: esto quiere decir que la misma oficina de extranjeros en la que se va a proceder a solicitar la autorización de residencia comprueba si existe algún procediendo sancionador abierto en contra del solicitante, o si se ha dictado sanción de expulsión.

Si la respuesta es afirmativa, dictará una resolución de inadmisión a trámite, que se notifica en ese momento,  y no se recogen los documentos, puesto que no se va a estudiar la solicitud. No es lo mismo que la denegación, puesto que en la denegación se han estudiado los documentos y las circunstancias del caso.

La inadmisión a trámite supone un grave problema, puesto que muchos extranjeros que solicitan el permiso de residencia por circunstancias excepcionales de arraigo provienen de una situación de irregularidad y es muy probable que se les haya incoado procedimientos sancionadores por estancia irregular o tengan decretada una orden de expulsión. Basta con que se haya iniciado el procedimiento sancionador, aunque no haya recibido la resolución sancionadora para que la Administración inadmita a trámite la solicitud. La sanción debe ser de expulsión, independientemente de los años de prohibición de entrada.

Contra esta resolución de inadmisión a trámite, que deberá de notificarse al solicitante en ese mismo momento,  cabe interponer un recurso de reposición en el plazo de un mes.

No obstante, hay que señalar que, aunque la ley establece que se debe inadmitir a trámite la solicitud, la ley también recoge excepciones, en virtud de las cuales se deberá estudiar la solicitud aunque exista la orden de expulsión, excepciones como son:

1.- Cuando se trate de autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales, por arraigo, protección internacional, razones humanitarias, circunstancias excepcionales de colaboración con autoridades, razones de seguridad nacional, o interés público.

2.- Que la orden de expulsión se haya dictado por estancia irregular o por haber trabajado sin autorización de trabajo.

3.- Que  la orden  de expulsión no se haya ejecutado, es decir, que el solicitante no haya sido expulsado de España.

4.- Que el extranjero reúna todos los requisitos que exige la ley para la obtención del permiso. En lo referente al tiempo de permanencia en España, se acreditará mediante el certificado de antecedentes penales, informe de inserción social, contrato de trabajo… Consúltenos para saber si puede acogerse a estas excepciones.

Si se cumplen estos requisitos es posible conseguir la admisión a trámite de su solicitud. Posteriormente, una vez que la Administración haya estudiado los documentos aportados por el solicitante, si reúne todos los requisitos para la obtención del permiso solicitado,  el órgano competente para resolver la solicitud procederá a revocar la orden de expulsión, y concederá la autorización. La revocación consiste en eliminar la orden de expulsión que se había decretado.

En este caso,la Administración notificará la resolución de concesión del permiso de residencia y, por otro lado, le notificará la resolución de revocación de la sanción de expulsión. En la práctica, la Administración revoca la orden de expulsión, pero impone una sanción de multa; en estos casos hay que analizar hasta qué punto es procedente este cambio, puesto que la ley regula la revocación de la sanción de expulsión pero en ningún caso establece que se deba de cambiar la sanción de expulsión por la de multa.

Cada persona y cada circunstancia es distinta, y pueden darse distintas situaciones: si el día de su cita la Administración comprueba que se le ha incoado o sancionado con una expulsión, lo más seguro es que inadmita a trámite su solicitud en ese mismo momento.

Si el día de su cita no comprueban estos datos, es probable que después de un tiempo le notifiquen la inadmisión a trámite o directamente la denegación del permiso. En estos casos tiene la posibilidad de interponer un recurso.